Nota de Prensa de la URJC

Se acaba de notificar la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se estima el recurso de apelación, formulado por el candidato David Ríos, contra el acuerdo de la Junta Electoral Central de la Universidad Rey Juan Carlos de proclamación de candidaturas en las elecciones a Rector de dicha Universidad, convocadas el 23 de octubre de 2009, y a las que concurrieron asimismo los profesores Pedro González- Trevijano y Armando Torrent. Dicha sentencia revoca la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid, y comporta la anulación de la proclamación como candidato de Pedro González-Trevijano. Deben recordarse los resultados de aquellas elecciones en las que el Catedrático González-Trevijano obtuvo casi el 70 por ciento de los votos del conjunto de los sectores de la Comunidad Universitaria y el recurrente Sr. Ríos Insúa no llegó al 22 por ciento.

La sentencia ha causado una extraordinaria sorpresa, por cuanto contraviene frontalmente lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad aprobados por el Claustro Universitario y refrendados, como es preceptivo, por la Comunidad Autónoma, cuya Consejería de Educación a través de la Secretaría General Técnica, emitió un dictamen vinculante previo, favorable a la presentación a las elecciones del candidato González-Trevijano. Dicha sentencia atenta directamente contra la garantía institucional de la autonomía universitaria, reconocida en el artículo 27.10 de la Constitución como derecho fundamental, que comporta, entre otros, la potestad de aprobación e interpretación de sus normas de Gobierno. Asimismo, la sentencia comporta una injustificada e injustificable restricción del derecho reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución de acceso a los cargos públicos, como es el de Rector de una Universidad Pública, y supone una aplicación retroactiva de unos estatutos que no establecen dicha retroactividad, ni podrían establecerla.

A la vista de todo ello, es voluntad de la Universidad ejercitar cuantas acciones sean procedentes en Derecho contra la referida sentencia.

A la vista de todo ello, es voluntad de la Universidad ejercitar cuantas acciones sean procedentes en Derecho contra la referida sentencia.

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